PERFIL PROFESIONAL
Marien Montero Beard

 

Egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, de la Universidad Carlos III de Madrid, España y Universidad Panteón Assas, Paris I. 23 años de Experiencia en el sector público, desde distintas posiciones e instituciones del Estado, mayoritariamente dirigiendo Proyectos de Reforma y Modernización de la Justicia, en especial, colaborando en el diseño, ejecución e implementación de las denominadas “Olas de Reforma Judicial” en su cuarta generación. Las principales normativas en las que ha trabajado se enfocan en el Derecho Público, en especial la normativa Constitucional desde los consensos de su creación, la procesal penal, el Código de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, incluyendo lo relativo a la justicia penal juvenil y la normativa que rige las relaciones de los ciudadanos con la Administración Pública, entre otros.

 

Ha realizado doctorado, maestrías y diplomados nacionales e internacionales, entre ellos: maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, Diplomado en Derecho Penal, Procesal Penal y Constitucional en la prestigiosa Universidad San Andrés en Buenos Aires, Argentina y ha sido capacitada por el Ministerio de Administración Pública para la Gestión del Cambio de las instituciones Públicas. Ha realizado pasantías en Brasil y Madrid, sobre el funcionamiento de la justicia penal, en especial, la justicia Penal Juvenil.

 

Ha tenido una extensa formación en materia Constitucional y Derechos Humanos, orientado a la comprensión profunda de los preceptos materiales del Derecho Penal y Procesal Penal. Ha realizado la Pasantía académica en la Corte Constitucional de Colombia, en Bogotá, considerado como uno de los principales estamentos jurídicos de mayor garantía de derechos fundamentales y referente a nivel global.  Ha participado de Seminarios Internacionales como, “Estrategias para la implementación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer en Bogotá, Colombia.

 

Fungió como Coordinadora Ejecutiva del VII Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, Santo Domingo 2011 y ha participado, adicionalmente en el Primer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional: Tribunal Constitucional en la Democracia Moderna del Tribunal Constitucional de la Republica Dominicana. Y, en la Conferencia Magistral “Diálogo entre las Altas Cortes” con el Dr. Pascual Sala Sánchez, Presidente del Tribunal Constitucional de España.

 

Ha trabajado, en colaboración interinstitucional, con varias organizaciones internacionales (como USAID, DPK, PARME, y UNION EUROPEA) en la consecución de proyectos para el fortalecimiento de la transparencia institucional y el combate a la corrupción, Justicia penal y prevención del Crimen Organizado y Lavado de Activos.

 

En el marco de las libertades, ha sido la responsable de la instalación de bibliotecas en todas las cárceles del país, en el marco del proyecto “Dona Libertad”, cuyo objetivo consistió en recaudar libros de parte de los diferentes sectores nacionales, tanto de editoras e instituciones como de la ciudadanía en general, a los fines de ser donados a las bibliotecas de las 37 cárceles del país, en apoyo al Sistema Penitenciario y su nuevo modelo de gestión.

 

En los inicios de su vida laboral, se desempeñó como paralegal de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, donde rápidamente pasó a coordinar el equipo de paralegales. Se desempeñó como Directora Ejecutiva del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ), desde donde junto a otras instituciones del Estado, coordinó un proceso de reflexión profunda del Sistema de Justicia Penal, que paso desde la creación de iniciativas de modernización y actualización  normativa hasta la promoción de las mismas y el consecuente apoyo al surgimiento y desarrollo de proyectos en las instituciones del sistema de sector justica, en especial, la Procuraduría General de la República. Entre ellas, resultaron las principales normas de carácter penal y procesal penal, así como el modelo de despacho y el observatorio judicial.

 

Coordinadora General de la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (CONAEJ), la cual, desde la promulgación del actual Código Procesal Penal, Ley No. 76-02, fue la encargada del seguimiento y ejecución de su implementación, analizando y valorando la factibilidad de las propuestas discutidas con los operadores del sistema penal y con el apoyo de organizaciones y consultores internacionales.

 

Ha desarrollado proyectos de capacitación en jornadas nacionales de sensibilización en temas como: Lucha Contra el Crimen Organizado, Trata y Tráfico de Personas, Capacitación focalizada a los Sujetos Obligados, Autoridades Competentes y Organismos Supervisores en prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Manejo de Riesgo Frente a la Criminalidad Organizada, entre otros talleres sobre Medidas de Coerción y Medidas Cautelares y Procedimiento en Casos de Delitos Graves.

 

Ha coordinado Seminarios internacionales sobre temas como: “Criminalidad Organizada: incidencia en nuestra sociedad“, “Encuentro Internacional sobre  el Impacto Político, Social y Económico,  de la Criminalidad Organizada, Centro América y Caribe”, “El Sicariato en América Latina y  su  Accionar e incidencia en R.D.”, “Responsabilidad Social  Comunitaria frente a la Delincuencia,  y Crimen Organizado, Acciones eficaces para prevenirlas”, “Responsabilidad Penal Individual en el Ámbito Internacional”, así como Seminarios nacionales e internacionales (Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia), en las temáticas de Derecho Constitucional, Penal y Procesal Penal.

 

Fungió como enlace de apoyo interinstitucional en la Comisión que elaboró el Anteproyecto de Ley de Extinción de Dominio y en la Mesa de Trabajo Interinstitucional sobre Lavado de Activos. También trabajó como coordinadora de la Mesa Nacional de Decanos y Directores de Facultades y Escuelas de Derecho en la promoción e impulso de estudios de leyes y propuestas de mejora.

 

Se ha desempeñado como docente de distintas universidades del país en Derecho Internacional Público y Ética, Prevención de la Corrupción y Gobernabilidad de la Empresa Estatal; a nivel de maestría.

 

Ha sido la responsable de la instalación de varias Oficinas de Acceso a la Información y la supervisión (a lo interno de las instituciones) de su plan de trabajo. Trabajó en el diseño del modelo de Código de Ética del Servidor Público y ha fungido como coordinadora de varias Comisiones de Ética de instituciones gubernamentales. Ha sido Consultora Legal del Estado, en cuyas funciones ha colaborado en la asesoría y apoyo a todo el accionar institucional apegadas y conforme a las normas vigentes, en especial los procesos públicos de compras y contrataciones, las relaciones laborales en el marco de la Ley de Función Pública, las relaciones contractuales con entes públicos y privados, la elaboración de acuerdos de colaboración interinstitucional, elaboración de propuestas normativas, consultas internacionales y las relaciones con organismos internacionales vinculados.

 

Fungió durante el periodo 2016-2020 como Procuradora General adjunta, coordina el Área de Desarrollo Legislativo y Regulatorio en la Procuraduría General de la República con la misión de cumplir a cabalidad con las atribuciones del Procurador General de la República, establecidas en el artículo 30 de la Ley Orgánica de este Ministerio Publico No. 133-11, y en especial con su función de “remitir al Congreso Nacional, cuando lo juzgue conveniente, su opinión sobre los proyectos de leyes que tengan relación con el Ministerio Público y el sistema de justicia el sistema de justicia y sugerir las reformas legislativas tendentes a mejorarlos”.

 

Dichas labores fueron realiza con ineludible apego al Principio de Legalidad al que debe someterse el Ministerio Público en sus actuaciones, con observancia a la Constitución de la Republica, a los Tratados internacionales adoptados por el Estado, la legislación nacional y los precedentes jurisdiccionales vinculantes.

 

Entre estas responsabilidades estuvo la (1) Armonización de los anteproyectos de ley elaborados por los distintos estamentos del Estado y preparación de informe-opinión acerca de los mismos; (2) La promoción legislativa en materia penal y procesal; (3) Desarrollo del ordenamiento jurídico, velando por los principios del Ministerio Público, mediante la promoción de la legislación y la formación de cuerpos legales sistematizados;(4) Elaborar y proponer normativas encaminadas a conservar, modificar y desarrollar la estructura, funciones y adecuaciones de las funciones del Ministerio Público; (5) Apoyo al proceso sensibilización (externa) y socialización (interna) de las modificaciones y leyes aprobadas promovidas por la PGR o que inciden en su funcionamiento. (conferencias, talleres, expertos internacionales); (6) Redacción de normativa regulatoria vinculada con el ejercicio de las funciones de la Procuraduría General.

 

En general, tuvo bajo sus funciones, realizar el debido control de legalidad de los proyectos de leyes y disposiciones reglamentarias de contenido normativo, a los fines de preservar la debida coherencia de las normas propuestas con el rol del Ministerio Público como órgano responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad.

 

Adicionalmente, maneja la resolución alterna de conflictos y sus vertientes, inclusive los temas de arbitraje internacional habiendo coordinado procesos de capacitación como “El Arbitraje: La Justicia Privada” junto a la Escuela Diplomática y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ha colaborado en la instalación del Proyecto “Casas de Justicia”, que persigue democratizar la justicia y coloca a niveles accesibles la solución de conflictos menores en zonas de conflicto y escasos recursos.

 

Actualmente, es Rectora de Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público con la misión de coordinar la capacitación del Ministerio Público tomando en cuenta las nuevas herramientas que proporciona la tecnología, para eficientizar la disponibilidad de tiempo de los participantes sin mermar su capacidad laboral, muy especialmente con miras a la internacionalización e intercambio de experiencia de la docencia y tomando en cuenta la experiencia de la reforma normativa necesarias en la legislación vinculante con el Ministerio Publico.

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